El informe fue creado por RUGE-CIN en alianza con Iniciativa Spotlight Argentina.
El mismo buscó, en primer lugar, indagar detenidamente el proceso de aplicación de los protocolos de atención; en segundo, describir el funcionamiento y las limitaciones de los espacios institucionales de gestión de políticas de género; en tercer orden, identificar las políticas de transversalización y fortalecimiento de la perspectiva de género en las áreas de formación, extensión e investigación; y por último, medir el avance en la implementación de la Ley Micaela. En efecto, se pretendió la construcción de una tipología con las formas de discriminación y violencia de género específicas del ámbito universitario; así como también conocer el impacto de todas las medidas institucionales implementadas hasta el momento.
El relevamiento asumió un carácter censal y se extendió entre junio y octubre del 2020. Se generaron datos ampliados sobre 60 instituciones universitarias mediante la realización de 161 encuestas virtuales, de las cuales 49 fueron respondidas por rectores/as, 60 por representantes de RUGE y 52 por referentes de los espacios institucionales de atención de casos de violencia y discriminación por razones de género. En paralelo, se obtuvieron 367 encuestas telefónicas de 242 estudiantes, 93 docentes y 32 trabajadores/as e investigadores/as universitarios/as de todo el país.
Los resultados muestran cómo se ha consolidado, en el último lustro, la agenda feminista universitaria. Se ha logrado instalar la necesidad de formar a toda la comunidad universitaria con perspectiva de género y, al mismo tiempo, de institucionalizar y jerarquizar los espacios que diseñan políticas de género transversales a toda la universidad. La cuota pendiente, no obstante, es dotar de mayores recursos económicos y humanos a estos ámbitos de gestión.