La Ley Micaela, fue sancionada en el año 2018 con el objetivo de establecer la capacitación obligatoria en violencia por razones de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado. Lleva ese nombre en homenaje a Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en el año 2017.
El informe constituye no solo un aporte valioso para comprender la dinámica de la violencia de género en el seno de las Universidades, sus derivas y transformaciones, sino también qué ocurre con esta problemática sensible y con las personas que la abordan cuando se degrada -o desarma- la institucionalidad de género a nivel nacional, cuando desaparecen políticas y espacios protectivos y se arroja a un estado de crisis severa a un sistema y a la Educación Superior como derecho inalienable.
El presente informe surge de un relevamiento realizado al interior de la Red RUGE-CIN, el cual tuvo el objetivo de indagar en torno a las políticas de cuidados llevadas adelante en las instituciones universitarias nacionales (en adelante, IIUU).