La Ley Micaela, fue sancionada en el año 2018 con el objetivo de establecer la capacitación obligatoria en violencia por razones de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado. Lleva ese nombre en homenaje a Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en el año 2017.
En el ámbito universitario, en el año 2019, con el impulso de la coordinación de la Red RUGE- CIN -especialmente de Sandra Torlucci, Gabriela Dicker y Nestor “Yuyo” García-, la ley logró la adhesión de dicho órgano a través del Acuerdo Plenario Nº 1.076.
La sanción de la ley y la adhesión por parte del CIN se convirtieron en la punta de lanza para la incorporación de la perspectiva de género en los debates curriculares, la organización institucional y la vida universitaria en general, transformándose en una herramienta privilegiada para el abordaje pedagógico preventivo de la violencia y la discriminación por motivos de género.
Este relevamiento pretende elaborar un diagnóstico que nos permita avanzar en el diseño de un instrumento de evaluación del impacto que ha tenido esta política en las comunidades educativas.
Hasta el momento los datos recolectados nos permiten inferir que la Ley Micaela ha ganado aceptación y legitimidad al interior de las Universidades, que las comunidades educativas manifiestan aceptación en cuanto a su implementación, y reconocen avances en cuanto a la visibilización y sensibilización en torno a la problemática de la violencia. No obstante comienza a identificarse la falta de presupuesto como un problema que puede afectar el desarrollo de acciones cuyo fin es la prevención de la violencia y la discriminación en el ámbito universitario.
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 Relvamiento RUGE sobre implementación Ley Micaela | 1095 kB |