Pensar la necesidad de Protocolos a aplicar en las universidades públicas para situaciones de violencia y/o discriminación por razones de género, implica movilizar una serie de conceptos que cuestionan las estructuras sociales, políticas y culturales sobre las que se
asienta uno de los sistemas más persistentes de organización de lo social: el patriarcado. Teóricas de distintas vertientes del feminismo y de estudios de género lo han estudiado, entre ellas, Gerda Lerner, María Milagros Rivera Garretas, Celia Amorós, María Luisa Femenías, Rita Segato, María Lugones, todas desde distintas perspectivas. Como sabemos, el patriarcado conforma un sistema de relaciones sociales jerárquicas sexopolíticas con atravesamientos de clase, que tiene como efecto la opresión de las mujeres, sea de manera individual o colectiva por los varones, en tanto grupo con privilegios sexuales que, para imponerlos, se valen de las instituciones sociales, políticas, de la heterosexualidad obligatoria, de las relaciones de parentesco, etc. Este sistema, de carácter estructural, aún con su dinamismo y con las diferentes formas en que se manifiesta a la luz de las transformaciones económicas y políticas, también está presente en las instituciones educativas de cualquier nivel. Son diversas las maneras en que se hace presente este sistema patriarcal, una de ellas a través de las manifestaciones materiales de las violencias (física, sexual, psíquica); otra, a través de las violencias simbólicas, institucionales, laborales, que se hacen presentes en las propias dinámicas de las relaciones intraacadémicas y en la construcción del conocimiento. De allí que sean necesarios instrumentos y políticas específicas con perspectiva de género al interior de las universidades. Una de las acciones al interior de las instituciones de educación superior que se han desarrollado en los últimos tiempos, refieren a la atención de situaciones de violencia y discriminación por razones de género.
Estamos hablando de los equipos de atención y asistencia y de los protocolos que regulan los procedimientos adecuados y respetuosos de los derechos de las personas afectadas.

Por Claudia Harrington y Analía Aucía

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